Entre  1999 y 2010 fueron diversos los planes emprendidos por el Gobierno Bolivariano en función de abordar el tema carcelario.  Planes que fueron cambiando de nombre en la medida que cambiaban los Ministros, de esta forma a pesar del enfoque acertado de las políticas planteadas en el Plan Estratégico de gestión Penitenciaria propuesto en 1999, las políticas enmarcadas en el Plan de Justicia 2000, las Políticas Penitenciarias propuestas para el periodo 2001-2003 e incluso las incluidas en el marco de la Emergencia Carcelaria declarada en el 2004, es evidente que ninguna de estas políticas logró concretarse de manera efectiva.  Todas las Políticas Penitenciarias  estuvieron enmarcadas en el precepto constitucional contenido en el artículo 272 y supeditadas al Plan de Desarrollo Económico de la Nación 2001-2007 y el primer Plan Socialista 2007-2013, a pesar de que en ninguno de los 2 planes fue incluido el tema penitenciario de manera directa e individualizada.

Un total de 11 Ministros han pasado por el despacho del Interior y Justicia, un total de 11 Ministros tuvieron en sus manos la posibilidad de desarrollar una verdadera “revolución” del Sistema Penitenciario, de esos 11 Ministros, sólo uno, al menos, asumió como bandera el tema de la Humanización de las Cárceles. Una vez tomara posesión del cargo, el Ministro Tareck El Aissami, manifestaba la intención de su despacho de humanizar los espacios penitenciarios. No obstante, asumir el Plan de Humanización y lograr los objetivos que este plantea exigía sin duda alguna tomar medidas contundentes para desarrollarlo a cabalidad y bajo condiciones favorables, que permitieran al mismo tiempo abonar el camino hacia la necesaria descentralización del Sistema Penitenciario.

Sin duda que este proceso de humanización exige algo más que intenciones, exige voluntad política, pero sobretodo una verdadera articulación por parte de los sectores que directa o indirectamente intervienen en dicho proceso, entiéndase, Cuerpos de Seguridad, Poder Judicial, Personal Administrativo, pues si no se cuenta con la acción contundente de GNB, sin el compromiso humano del personal administrativo y de custodios, sin el concurso diligente del Poder Judicial y sin una Autoridad Rectora capaz de engranar o articular todos estos factores, cualquier política, aùn la mas acertada, estaría sin duda condenada al fracaso, incluso antes de nacer.

Hoy tenemos un sistema penitenciario plagado por la desidia y la violencia, un sistema penitenciario que lejos de cumplir sus funciones básicas se ha convertido en una especie de Universidad del Delito. Un espacio donde las condiciones infrahumanas han alcanzado niveles indescriptibles, donde el nivel  armado que han alcanzado las mafias carcelarias es realmente alarmante, un espacio donde el hacinamiento ha alcanzado proporciones inmanejables, un espacio donde se condensa un nivel de violencia de grandes magnitudes.  Un espacio que se ha hecho ingobernable, y donde los roles evidentemente han cambiado de manera drástica y radical, pues el control estatal ha terminado subordinado al poder informal asumido por una población reclusa que ha alcanzado un meticuloso y sólido nivel de organización, que deja en manos de líderes negativos el control del penal aún por encima  de la autoridad administrativa. Bajo estas condiciones es evidente que ninguna política carcelaria podrá emprenderse de manera efectiva y si bien pudiera lograrse algún avance, como en efecto los hay, estos siempre se veràn minimizados ante los efectos negativos prevalecientes.

Las cifras de muertes violentas en los internados penitenciarios reflejan el nivel armado de la población reclusa, una realidad que por mucho tiempo fue eludida y que ha sido determinante para consolidar el poderío que hoy por hoy detentan estos líderes negativos. Si bien esta realidad era advertida como hecho público, notorio y comunicacional, lo cierto  es que ningún organismo competente se avocó a su efectivo abordaje. Nada justifica que los Privados de Libertad posean hoy día un arsenal de armas catalogadas como armas de guerra. Nada justifica que a estas alturas no se hayan tomado medidas contundentes para determinar y sancionar a los responsables directos de este tráfico de armas. Si las armas que ingresan a los penales son armas de guerra y si son los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana dispuestos en ella, los encargados de supervisar el acceso a los recintos penitenciarios, no hay que ser bruja, pitonisa o espiritista para saber sobre quienes ha de recaer la responsabilidad de la dotación de armas a las mafias que lideran las cárceles.

Sin duda, la gravedad y los alcances de esta actuación por parte de las autoridades militares apostadas en los centros penitenciarios se ha puesto de manifiesto durante los sucesos acaecidos en las cárceles del Rodeo I y II, donde 2 GNB perdieron su vida bajo el fuego de las armas que sus propios compañeros ingresaron en el recinto. Pero aún así, nuestro Gobierno en lugar de asumir una posición contundente frente a lo que a todas luces representa una irregularidad notoria, simplemente se avocó a rendirle homenaje.  Cómo se le rinde homenaje a un componente militar sobre quien recae indiscutiblemente la responsabilidad del nivel armado que han alcanzado las mafias carcelarias y que sin duda son las que les han garantizado el poder que detentan?  Más aún es inconcebible que el MIJ como autoridad rectora responsable del Plan de Humanización no asuma una posición frontal y contundente  para que se sancionen estas acciones irregulares, que sin duda constituyen uno de los grandes obstáculos que afronta su Política Carcelaria. Los hechos ocurridos en el Rodeo I y II exponen a la luz pública le necesidad urgente de crear mecanismos efectivos para erradicar el tráfico de armas y de tomar medidas sancionatorias ejemplarizantes que realmente hagan contrapeso a la vulnerabilidad de los funcionarios frente a los vicios a los que se exponen.

Por què si es tan necesario recurrir a la fuerza militar como parte de la estructura carcelaria, no se establecen mecanismos efectivos para garantizar el cumplimientos de sus funciones? Por què a nuestros trisoleados generales no se les asigna el cumplimiento de tal responsabilidad a cambio de mantener sus exorbitantes privilegios?  Acaso retomar el control de las cárceles no es un indicador de méritos más digno y ejemplarizante para obtener ascensos que gritar consignas? Por què no se imponen sanciones màs severas que contemplen que aquellos funcionarios que actuen al margen de la Ley paguen no sòlo con su carrera, sino con una pena que no admita ningùn tipo de privilegios? Hasta tanto no se tomen medidas dràsticas que realmente afecten los intereses reales de los funcionarios o sus privilegios màs preciados, seguiràn actuando al margen de la Ley y bajo la sombra de la  complaciente impunidad....