En reiteradas oportunidades he manifestado que adelantar un Plan de Humanización carcelario exige principalmente garantizar las condiciones mínimas de gobernabilidad sobre los recintos penitenciarios.

Afrontar el Desgobierno Carcelario implica ante todo asumir responsablemente el carácter de máxima autoridad dentro del Recinto. Pero esta Autoridad exige a su vez voluntad, coraje y una moral incorruptible, capaz de imponerse sobre las mafias sin sucumbir ante amenazas, ni sobornos, pero al mismo tiempo debe estar dotado de las herramientas necesarias para enfrentarlas. Estas herramientas no son más que el personal humano capacitado e idóneo, no sólo desde el punto de vista académico y/o profesional, sino sobre todo desde el punto de vista humano. Ante todo deben ser ciudadanos formados bajo una sólida cultura de valores y de apego a la legalidad, con profundos e inquebrantables valores humanistas, de solidaridad, de respeto a la vida y a los derechos fundamentales, capaces de asumir el gran reto de convertirse en agentes transformadores de conciencia sobre una población, que en su mayoría ha crecido de espaldas a la legalidad y sumergidos en una cultura de antivalores, pero sobretodo victimas, a veces inconscientes e involuntarias, de un entorno violento y hostil, que no les permitió conocer un modo de vida distinto a la violencia y la ilegalidad.

De allí que el primer paso en ese proceso transformador debe ser emparentar al individuo con el estricto apego a las normas y a los valores humanos como forma de conducta cotidiana y no como una práctica excepcional, para ello debe primero desmontarse la cultura de antivalores primaria y dar paso a un ser humano que más allá del delito cometido, sea capaz de comprender su alcance negativo y de sentir culpa por el daño causado. Ese es el reto que deben asumir todos y cada uno de los funcionarios vinculados al Sistema Penitenciario, desde el Ministro del Interior y Justicia hasta el último de los funcionarios responsables de las cárceles.

Ciertamente las acciones imputadas a algunos delincuentes distan mucho de merecer contemplaciones, por el contrario, en ocasiones se procura una sanción que se equipare al daño causado, aún así, ello no significa dejar al individuo desprovisto de sus derechos fundamentales, pues no puede el Estado convertirse en verdugo cuando su potestad se limita a juzgar, condenar, determinar la pena y propiciar las condiciones para su reinserción. Pero una cosa es garantizar un trato digno al recluso y otra olvidar o minimizar las razones por las que ha sido recluido. Una cosa es humanizar y adecuar los recintos penitenciarios y otra muy distinta convertirlos en centros vacacionales para delincuentes. Una Piscina, un cultivo de Cannabis, una mesa de Pool, fiestas y Minitecas no puede ser parte de un Plan de Humanización carcelaria, pues lejos de crear condiciones favorables para el proceso de reinserción en el marco del cumplimiento de la pena, minimiza el castigo al delito cometido. Una cosa es que se le respeten los derechos y se les de participación a los reclusos y otra muy distinta darles, como hasta ahora, el control absoluto del Penal.

Pero más allá de lo anterior, es necesario afrontar con firmeza la realidad que hoy por hoy invaden nuestras cárceles: el nivel armado. Por ello la medida más urgente e imperiosa que debe tomarse es desarrollar un verdadero y efectivo Plan de Desarme en todas y cada una de las cárceles del país. Un Plan de Desarme que obviamente vaya más allá de las tradicionales e inútiles requisas, pero que además vaya acompañado de un marco legal que permita sancionar severamente a todo funcionario que, por acción u omisión permita el ingreso de armas a los recintos. Las medidas que se adopten deben ser tan severas y ejemplarizantes que sienten un verdadero precedente para el resto de los funcionarios e igualmente deben tener el suficiente alcance como para evitar el silencio cómplice de quienes conociendo la comisión de situaciones irregulares se nieguen a denunciarlas. Si un efectivo militar, sea cual sea su rango actúa fuera del margen legal debe ser sancionado severamente pero desprovistos de privilegios e incluso de su condición castrense.

Otra realidad que hoy día se hace presente en nuestras cárceles es la excesiva y descontrolada “libertad de comunicación”. Para nadie es un secreto que las grandes mafias de cobra vacunas, secuestros y sicariatos se manejan telefónicamente desde nuestras cárceles, desde donde actúan con plena libertad e impunidad generando pánico en la sociedad extramuros. Una medida esencial para desmontar el poderío de las mafias carcelarias es limitar las comunicaciones y controlarlas. Seria oportuna la instalación de Inhibidores de señal móvil en las cárceles como medida inmediata para evitar que desde adentro se planifiquen y dirijan los delitos. Igualmente es necesario controlar también las comunicaciones escritas, aunque ello implique una clara invasión a la privacidad de los reclusos.

Sólo desmontando el poder de las mafias carcelarias y retomando la gobernabilidad de las cárceles se podrán establecer las condiciones necesarias para desarrollar un verdadero, profundo y efectivo Plan de Humanización. Para que el proceso de humanización se lleve a cabo de manera acertada y efectiva es necesario sincerar el estatus de la población privada de libertad, pues ninguna política se puede adelantar sin saber cuál es la situación real de cada recluso, por qué están allí, cuánto tiempo, si son reincidentes, en fin toda una serie de aspectos que permiten abordar cada caso y orientar las medidas hacia un verdadero esquema re-educativo y de reinserción.  Si bien el proceso de Humanizaciòn debe procurar la inclusiòn absoluta de toda la poblaciòn penitenciaria, es evidente que existen casos aislados de sujetos que han alcanzado un nivel de deteterioro humano de tal magnitud, que resultan inmunes a cuelquier intento por humanizarlos, es por ello que se hace imperioso desarrollar un proceso efectivo de reclasificaciòn que permita determinar con certeza la viabilidad de la humanizaciòn en cada uno de ellos y las medidas excepcionales que deban tomarse en funciòn de quienes presentan condiciones especialisimas.  No se puede adelantar un proceso de reinserción si se desconocen los aspectos esenciales que rodean a cada individuo privado de libertad, peor aún, es evidente que cuando se habla de más de un 70% de la población carcelaria que no ha sido juzgada o está siendo procesada, es posible que nos encontremos frente a casos de privados de libertad que han cumplido más del tiempo de reclusión de lo que le correspondería según la Ley por el supuesto delito cometido. La acción de los Jueces, Fiscales y Defensores debe regularse de tal manera que respondan administrativa, civil y penalmente por sus acciones u omisiones en el ejercicio de sus funciones. Si un Juez otorga un beneficio de libertad condicionada a personas que evidentemente constituyan un verdadero e inminente peligro para la sociedad, debe responder por los delitos que éste cometa bajo esas circunstancias. Igualmente, si por negligencia o inoperancia de un juez un ciudadano paga más tiempo del que realmente le corresponde, también debe ser sancionado severamente. El Retardo Judicial y la negligencia manifiesta deben ser sancionadas de tal manera que sirva de precedente y de estimulo para que los funcionarios judiciales actúen con probidad e impartan justicia de manera efectiva, oportuna, transparente y con celeridad.

A mi juicio, es muy probable que la regularización de la población privada de libertad contribuya, quizás en gran escala, a disminuir la población penitenciaria, además de hacer una redistribución que permita que la reclasificación de la población penitenciaria responda a los estándares requeridos en función de hacer más efectiva las políticas de humanización.

Es por ello que considero imperioso que el Ministro de Interior y Justicia, lejos de mantener una conducta genuflexa y complaciente ante la evidente inoperancia del Poder Judicial, haga un llamado enérgico y contundente y les exija mayor compromiso en el ejercicio de sus funciones para combatir la impunidad y el retardo judicial que tanto perjudican al sistema penitenciario y ponen en riesgo la viabilidad y efectividad de su política de seguridad.