El día de ayer el Ministro Tareck El Aissami me comentaba en su particular estilo, muy agradable él, sobre el “TEMA de la CORRESPONSABILIDAD” en materia de seguridad, llegó incluso a ofrecerme alguna bibliografía que me ayudara a comprender el tema, ya que según él, yo no lo tenia muy claro.

Pues quizás tenga razón y de verdad no tenga un dominio profundo sobre el tema de la seguridad ni de la corresponsabilidad.  Quizás debí aceptar la bibliografía sugerida por el Ministro y así comprender que entiende este Gobierno por CORRESPONSABILIDAD ya que es un tema del que muy vagamente conozco ciertos aspectos.

Por ejemplo, a mi juicio, el principio de corresponsabilidad, tal y como se concibe en el marco de nuestra constitución plantea su aplicación desde dos perspectivas distintas, pero bajo un mismo propósito integrador. Una, que nace como política de la República, los Estados y los Municipios para la consecución de los grandes objetivos nacionales y que se pone de manifiesto cuando una determinada competencia o actividad pública está atribuida por igual a distintos órganos, como en materia de policía y de seguridad ciudadana, debiendo en este caso delimitarse los campos de actuación de cada nivel territorial pero siendo todos a su vez corresponsables de la protección de los ciudadanos y de sus bienes.

Asimismo, a mi juicio, considero que este principio se encuentra también íntimamente ligado a otros principios contemplados en nuestra carta magna, principios de los que se nutre y con los que coexiste en función de alcanzar los fines del Estado, por un lado el principio de concurrencia que se refiere al concurso de los diferentes niveles de gobierno en la realización de estos fines y por el otro el principio de cooperación que propone que los fines del Estado se logren mediante el trabajo conjunto de los tres niveles territoriales de gobierno y con todos los entes públicos en forma planificada, definiendo así la política de participación e interdependencia de estos tres entes territoriales, enfocándose este principio en aquellas competencias o prestación de los servicios que le son inherentes, para cuya realización, deben acudir dos o los tres niveles territoriales de gobierno. Este régimen régimen competencial distribuido en el marco constitucional impone una interdependencia política entre ellos, una distribución de funciones dentro de cada competencia que deben ser atendidas por cada nivel y que tienen necesariamente que coordinarse. La cooperación intergubernamental debe contar con instituciones que la hagan posible como el Consejo Federal de Gobierno, los Consejos Estadales de Coordinación de Políticas Públicas, los Consejos Locales de Planificación Pública; y alguna institución que facilite el financiamiento.

Pero en otra perspectiva, el principio de corresponsabilidad, en mi humilde opinión se constituye también como uno de los principios fundamentales sobre los que se erige el modelo de Estado y sociedad que en ella se propuso y a través del cual se asumió como premisa y propósito primordial el impulso de la participación protagónica de la sociedad y que bajo esta perspectiva se entiende como un mecanismo que le permite o le impone a la sociedad su participación activa en los asuntos que los involucra pero que bajo ningún concepto constituye para el Estado una vía para eludir sus responsabilidades y funciones publicas y sus deberes, alegando como excusa que la sociedad no ha cumplido con su rol. Dicho de otro modo implica un compromiso del Estado a través del ejercicio efectivo y eficiente de sus funciones así como de la sociedad a través de su participación activa y responsable de colaborar con el Estado para alcanzar el pleno goce y disfrute de sus derechos, pero es evidente que para ello se requiere que el Estado la dote de las herramientas necesarias que le garanticen una opción real de intervenir en la solución de los problemas que le atañen.

Ahora bien, atendiendo al criterio de transversalidad, es evidente que la CRBV involucra este principio como base de todo su contenido, por lo que evidentemente, como ya he dicho, los aspectos referidos a la seguridad ciudadana no escapan del ámbito de la corresponsabilidad. Cuando escucho al titular del Despacho del Interior y Justicia, hablar de una corresponsabilidad es inevitable no preguntarme, si acaso ha comprendido él la verdadera necesidad y alcance de asumir el tema de la seguridad de manera corresponsable o es simplemente la etiqueta del año en su política de seguridad, así como lo fue la humanización, la prevención, los factores criminógenos etc, que se asumieron solo como parte de un discurso pero que en la practica no lograron concretarse con la efectividad requerida. Pero además, me surge la interrogante, como un una política de seguridad publica no se ha asumido hasta ahora de manera efectivamente coordinada con la sociedad y los entes territoriales en función del principio de corresponsabilidad que le impone la propia constitución desde 1999 y a la que ha debido sujetarse de manera integra.

Ahora, mas allá de estas humildes y quizás erradas consideraciones enfocar el tema de la corresponsabilidad en el marco de la seguridad publica, exige ante todo asumir la responsabilidad inicial del Estado en su primer nivel territorial, entiéndase Poder Publico Nacional, de proveer los lineamientos o directrices a los cuales se sujetaran los Estados y municipios e incluso la misma sociedad, definiendo su campo de acción aun mas allá de sus competencias expresamente atribuidas y de manera coordinada, para su ejecución efectiva.

Así, en el entendido de que la Prevención se asume como premisa fundamental de la política de seguridad del Estado, esta debió tener en la CORRESPONSABILIDAD el medio para garantizar su correcta y efectiva ejecución y el logro de sus fines. Quizás para algunos la corresponsabilidad implica la repartición de responsabilidades y culpas a cada factor interviniente, es decir, el Gobierno Nacional tiene su responsabilidad, los Estados y Municipios otra y la comunidad otra, sin comprender que la corresponsabilidad mas que una repartición, implica el accionar conjunto y coordinado en función de una política concreta y asumiendo responsabilidades compartidas.